El Gobierno rechaza un parque de Greenalia que suma 174 megavatios entre Pontevedra y Ourense
ECONOMÍA
El proyecto no consiguió la luz verde ambiental
26 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Transición Ecológica ha desestimado la solicitud de la empresa energética gallega Greenalia para la construcción de un macroparque eólico entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Inicialmente, la compañía comenzó la tramitación de estos recintos energéticos de forma separada, pero posteriormente los unificó. Sin embargo, el Gobierno central, una vez que desestimó el proyecto, determinó que en la fase final del proceso de nuevo se analizarán por separado.
Los pronunciamientos desestimatorios dictados por la Dirección General de Política Energética y Minas —que fueron publicados ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— se produjeron tras no haber conseguido la empresa la declaración de impacto ambiental para ese recinto.
Greenalia proyectaba construir el parque Brisa, de 61,6 megavatios de potencia instalada, y de sus infraestructuras de evacuación, en Lalín, Dozón y Rodeiro (Pontevedra); el Céfiro, de 56 megavatios, en Lalín y Rodeiro, y Galerna, también de 56, en Lalín, Dozón, Vila de Cruces y Silleda (Pontevedra) y O Irixo (Ourense).
El proceso dio comienzo en enero del 2021, y a finales de ese mismo año se inició la tramitación ambiental. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió, en marzo del 2023, una resolución por la que declara la terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por no contar con elementos de juicio suficientes para dar la luz verde al expediente, y decide entonces su archivo.
Sin cumplir plazos
La Administración recuerda también que las empresas que hubiesen obtenido los permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica con posterioridad al 31 de diciembre del 2017 y antes de la entrada en vigor del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, «deberán obtener la declaración de impacto ambiental favorable en un plazo de treinta y un meses; y la autorización administrativa previa, en un plazo de treinta y cuatro meses». Al no conseguir la declaración de impacto ambiental, Greenalia no pudo tampoco cumplir con esos hitos, por lo que perdió los permisos para la ejecución de esos planes energéticos entre las dos provincias citadas.